La propuesta presentada por el poder ejecutivo surge como una alternativa al protagonismo q está ganando un grupo de seguidores y admiradores del fundador y cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, agrupados en el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).
Lo que busca este proyecto de ley es castigar penalmente a quienes públicamente aprueben, justifiquen,
nieguen o minimicen actos cometidos por organizaciones terroristas y
establecidas en una sentencia judicial firme. Proponiendo la incorporación del
Art. 316° A al Código Penal con el siguiente concepto “Negacionismo de los delitos de terrorismo”. Así, se reprimirá a
los autores de expresiones con fines de menospreciar, hostilizar u ofender gravemente
un colectivo social; enaltecer a los responsables de dichos delitos; propiciar
o estimular la violencia terrorista.
El
proyecto de ley promovido por el Ejecutivo ha generado controversias. Una de ella
es que con esta ley se estaría afirmando que nuestro derecho vigente es un
Derecho Penal de Autor, dando mayor importancia a las características
personales del autor, siendo esto completamente absurdo ya que nuestra
Constitución solo ordena sanciones por actos u omisiones; en cambio en el Derecho Penal de Hecho lo principal
es la lesión al ordenamiento jurídico, otorgando menos importancia a las
características personales del autor, las misma que son consideradas
insuficientes para aplicar una pena. El derecho penal no
está para cambiar el pensamiento de las personas, por lo
tanto la ley del negacionismo resulta inconstitucional.
Otro
punto cuestionable es que con la ley del negacionismo se estaría violando
derechos fundamentales de persona, tales como la
libertad de expresión y opinión, pareciere que no va contra el terrorismo, sino
contra cualquiera que opine diferente de un pensamiento oficial. Existe el
riesgo el riesgo de afectar a periodistas que investigan una violación de
derechos humanos cometida por
organizaciones terroristas, así mismo de que sean denunciados como
cómplices al difundir entrevistas de miembros de organizaciones terroristas, en
la que estos defiendan o nieguen sus propios delitos.
No se
puede penalizar el derecho de pensar u opinar, ni mucho menos criminalizar las
ideas. Este proyecto requiere de un análisis profundo, teniendo en cuenta el
fortalecimiento del sistema democrático propio de un Estado de Derecho.
En realidad la incorporación de este
artículo será una nueva solución a la ineficacia que ha tenido el artículo 316
del Código Penal que tipifica el delito de apología
al terrorismo o mas generará problemas de interpretación y aplicación.
Greys
Yeliseth Benites Rodriguez
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